Joaquín Fernández Cuevas, candidato de UPyD, ha declarado: “volvemos a tener conocimiento de irregularidades en la gestión de urbanismo, esta vez en la licitación y adjudicación de contratos de los proyectos, afectando gravemente a los ciudadanos, ya que ha supuesto un nuevo retraso de las obras de un colegio que los padres del Campo de las Beatas y Campoalegre vienen reclamando en los últimos años y que han vuelto a ser engañados por el señor Limones”.
Información del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla:
Recurso contra el fraccionamiento de un contrato de redacción de proyecto y dirección de obras de un centro de educación infantil y primaria C2 en Campos de las Beatas, por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaría.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Nº 6 de Sevilla estima el recurso presentado por el Colegio y anula el acuerdo de adjudicación del contrato de redacción de proyecto básico de un centro de educación infantil y primaria C2 en Campos de las Beatas así como cuantos actos jurídicos sean consecuencia de la misma ordenando retrotraer las actuaciones del referido procedimiento de contratación al momento de aprobar la convocatoria en la forma establecida en la Ley de Contratos de Suelo Público.
La sentencia sostiene la nulidad de la adjudicación del contrato en lo siguiente:
- Que el Ayuntamiento ha fraccionado el objeto del contrato, adjudicando solamente la redacción del proyecto básico, que de haberse contratado conjuntamente con el proyecto de ejecución y dirección de obras, hubiera sobrepasado el límite de 100.000 euros por lo que se tendría que haber convocado un procedimiento abierto.
- Que tampoco procede el argumento de la urgencia de contratar el proyecto básico con base en que la obra era financiada por el Fondo Estatal de Inversión Local, tenía que comenzarse en un plazo breve, ya que ha quedado demostrado que dicho proyecto no estaba subvencionado.
- Que la actitud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra sobre el fraccionamiento de los contratos es reiterada y repetitiva
- Que ha quedado suficientemente acreditado que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha infringido los preceptos legales al fraccionar el contrato, con el ánimo de saltarse las limitaciones impuestas por la LCSP.